El informe The Funding of Abortion through EU Development Aid (El financiamiento del aborto mediante la ayuda al desarrollo de la UE) revela que Marie Stopes International recibió más de 30 millones de dólares de la Unión Europea. La Reproductive Health Supplies Coalition, asociación mundial de alto nivel que incluye al Fondo de Población de la ONU y provee kits de aborto a los países en desarrollo, recibió cerca de 32 millones de dólares durante un período de 30 meses que culminó en junio de 2011.
El informe revela que se utilizó dinero de la UE para financiar abortos en países en desarrollo con leyes estrictas en la materia mediante la Ayuda al Desarrollo de la UE y presupuestos de Salud Pública para proyectos relacionados con la «salud sexual y reproductiva». Pero el European Dignity Watch (EDW) dice que «el término "salud sexual y reproductiva" conforme lo define la UE excluye explícitamente el aborto».
La International Planned Parenthood Federation y Marie Stopes International solicitaron y recibieron proyectos de financiación que incluían el «aborto seguro», la «anticoncepción de emergencia», la «capacitación en aspiración manual al vacío» y la «regulación menstrual» para pasar por alto las restricciones legales al aborto en países como Bangladesh, Bolivia, Guatemala y Perú.
La expresión «regulación menstrual», explica el informe, es un término menos explícito para referirse al aborto quirúrgico. Planned Parenthood lo describe como el proceso de vaciamiento del útero mediante la succión de gran potencia generada por un aspirador manual al vacío. El dispositivo se inserta en el cuello uterino dilatado de una mujer que «sospecha» que está embarazada, más que en una que «sabe» que lo está. Tras el procedimiento, es imposible decir si una mujer estaba encinta, a menos que se examine microscópicamente el tejido extraído, que puede contener un embrión implantado.
El informe acusa a la Comisión Europea, que administra el presupuesto de la Unión Europea, por actuar ilegalmente. Afirma que la Comisión carece de autoridad para financiar abortos debido a sus poderes limitados, a sus propias declaraciones y la necesidad de consenso para actuar en materia de política exterior. Cada estado miembro de la UE tiene un puesto en la Comisión, y varios países de la UE tienen leyes de aborto estrictas.
European Dignity Watch basó su informe en hallazgos de una solicitud de acceso a todos los trabajos y correspondencia entre la Comisión de la UE, los dos gigantes del aborto y el Centro de Derechos Reproductivos para el período comprendido entre 2005 y 2010. No toda la documentación solicitada a la Comisión de la UE fue entregada. El informe califica de «someros» a los descubrimientos hasta ahora realizados y solicita a los parlamentarios de la UE que investiguen más a fondo y que tomen medidas.
El informe se presentó en el Parlamento Europeo de Bruselas en el mes de marzo, durante un evento que era parte de la iniciativa «Week for Life» (Semana por la Vida), organizada por parlamentarios de la UE.
Durante décadas, el financiamiento público del aborto en Europa no hubiera sido considerado polémico. El European Dignity Watch, que se constituyó en 2010, es sólo una de las múltiples organizaciones provida europeas políticamente activas y recientemente formadas. Este avance muestra cómo el movimiento provida está cobrando fuerza en Europa.