La Jornada Enrique Méndez Lunes 25 de Febrero de 2008 El PRD en la Cámara de Diputados buscará acotar desde la Constitución la intervención de jerarcas de la Iglesia católica en favor o en contra de actores políticos, así como sancionar a los sacerdotes que cometan abusos sexuales y exigir a sus asociaciones religiosas la indemnización a las víctimas. En una iniciativa de reforma a los artículos 40 y 130 constitucionales suscrita por el coordinador perredista Javier González Garza y los diputados Susana Monreal Ávila y José Antonio Almazán, se señala que es necesario “poner coto a los abusos cometidos por religiosos” y terminar con la impunidad de los ministros de culto, que al ser protegidos para evitar ser juzgados disfrutan “de un auténtico fuero religioso”. Ejemplo de ello, aseguran los perredistas, es el del cura Nicolás Aguilar Rivera, “caso paradigmático del alto grado de impunidad y encubrimiento del que aún gozan los delitos sexuales cometidos por integrantes de asociaciones religiosas”, pues fue ayudado a escapar, afirman, a Estados Unidos por su entonces superior, Norberto Rivera Carrera. El documento plantea que se considere a los sacerdotes y ministros de otras asociaciones religiosas como profesionales y se les pueda atribuir responsabilidad civil y penal si no denuncian cualquier delito, en específico los sexuales, cometido por compañeros de religión. Como parte de la exposición de motivos para esta reforma, se plantea que el Estado laico es constantemente cuestionado por las iglesias y grupos políticos de poder, “que aspiran al restablecimiento de un Estado confesional”, y resalta que en los años recientes, desde el púlpito, en las calles o los medios de información “diversas iglesias han sido firmes opositoras a reformas como la de los derechos reproductivos y las sociedades de convivencia, pero también intervinieron en la campaña presidencial de 2006”. La iniciativa considera que si bien las reformas que la Cámara de Senadors aprobó al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de explotación sexual infantil para instituir el término de corrupción de menores de edad o de personas sin capacidad para comprender el significado del abuso –que duplican las sanciones si el delito es cometido por ministros religiosos– son un buen paso para frenar la pederastia, se requiere fortalecer el marco legal. Por ello plantean adiciones al artículo 130 de la Constitución para establecer la obligación de las autoridades religiosas de denunciar cualquier delito sexual cometido por sus ministros y personal administrativo. Plantean que el Estado debe asumir mayor vigilancia y transparencia en el registro de las asociaciones religiosas, de su padrón de miembros, de las propiedades que poseen y a título de quién, así como del conocimiento de sus ingresos y del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Se propone agregar en el artículo 130 que la Secretaría de Gobernación publique un informe trimestral del padrón y su actualización, delimitar que el gobierno federal no podrá intervenir en la vida interna de las asociaciones religiosas o de los ministros, siempre y cuando no interfieran en actividades con fines políticos, “inicien o participen en mensajes provocativos y ofensivos contra un ciudadano, institución o partido político ni perturben el orden público o provoquen daños a terceros”. También se considera sancionar al candidato a algún cargo de elección popular que de manera pública utilice signos o imágenes religiosas en campaña. La iniciativa define que los gobiernos federal, estatales y municipales podrían tener facultades para cobrar indemnización al o a los ministros que incurran en esas responsabilidades. Y, finalmente, que se defina en el citado artículo que el Estado es laico y está basado en la tolerancia, la libertad de cultos “y cuyas instituciones políticas están legitimadas por el voto popular y no por elementos religiosos”.