Opinión: Rosaura Ruiz, presidenta de la Academia Mexicana de las Ciencias (AMC), afirmó al diario El Universal el pasado 16 de marzo que las leyes estatales que protegen el derecho a la vida desde la concepción deben replantearse, dado que las normas jurídicas deben hacerse con base en el conocimiento científico y no por ideología o conocimiento religioso. Aunque para muchos las declaraciones de la académica pasaron desapercibidas, tienen gran relevancia en el marco del Día Internacional de la Vida, que se celebrará el próximo 25 de marzo. Debemos recordar que, hasta ahora, 18 estados de la República mexicana han consignado en sus constituciones locales que la vida debe ser protegida desde el momento de la concepción. Estos hechos molestaron a grupos feministas y a ciertos periodistas e intelectuales del llamado círculo rojo. Contra lo que se hubiera pensado, el partido político que fue objeto de quejas y reclamos de parte de aquéllos fue el PRI. Como si hubieran acordado una campaña mediática –preferimos asumir que no fue así–,Ciro Gómez Leyva, columnista y directivo de Milenio, así como Ricardo Alemán y Denise Maerker, entre otros, se aprestaron a afirmar que el PRI y su presidenta, Beatriz Paredes, habían pactado con el PAN la promoción y aprobación de estas legislaciones. Con este antecedente, El Universal publicó el pasado 16 de marzo que “legisladores del PRI convocaron a un grupo de académicos y especialistas para analizar las reformas constitucionales denominadas ‘antiaborto’ en 18 estados y ‘cuestionar’ de esa forma las políticas asumidas por su estado en esas entidades”. ¿Cuál es el fin de buscar revertir las legislaciones que protegen el derecho a la vida? ¿Quién o quiénes están interesados en que se lleve a cabo esa regresión? Los estados que hoy protegen la vida desde la concepción son: Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán. Es cierto que el aborto, más allá de una herramienta discursiva que engaña a las mujeres, es un negocio que deja grandes divisas a sus empresas promotoras. El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam) son dos empresas que se escudan en el “derecho a decidir” para hacer lobby a favor del aborto en diferentes estados del país. Ambas empresas, vale decir, son filiales de Planned Parenthood, una de las promotoras del aborto más grandes del mundo. Sólo bajo esta perspectiva es posible comprender la indignación de las muchas voces que se han levantado para afirmar falsamente que las leyes estatales que protegen la vida en diferentes estados “criminalizan a las mujeres”. Nada más falso. Lo realmente importante es que el negocio se les va de las manos. Están dejando de ingresar millones de dólares por lo que ellos llaman “argumentos religiosos” que han dado sentido a esas leyes. A todo esto, ¿cuánto dinero han ingresado las clínicas abortistas del Distrito Federal desde que el aborto se liberalizó en la ciudad? El Día Internacional de la Vida es una buena oportunidad para recordar que, a pesar de los esfuerzos de poderosos intereses en negar el derecho más fundamental del hombre, existen muchos movimientos y asociaciones que, lejos de evadir la situación, dan soluciones plausibles y prácticas a quienes, por alguna u otra razón, llegan a considerar el aborto como una posibilidad. No queda más que conformar y formar parte de esos movimientos que enfrentan con valentía el problema de los embarazos inesperados o no deseados, y que dan a la mujer opciones reales para decidir sobre su vida y la de su bebé. Si es cierto que nadie quiere el aborto, que el Estado y los organismos civiles se apuesten a que no exista un solo aborto en nuestro país. Es nuestro deber.