El Santo Padre que conozco Por el Capellán Supremo Obispo William E. Lori Es Semana Santa, ese momento intemporal, cuando recordamos los sucesos más importantes de todos los tiempos: el sufrimiento de Jesús, Su crucifixión, y Su conquista de la muerte. El mundo, por supuesto, se llena de distracciones. Durante estos días santos algunos, especialmente la prensa, desean que nos enfoquemos en los supuestos fracasos de nuestro Papa Benedicto XVI. Una vez más el New York Times encabeza el ataque, ahora acusando al Santo Padre de estar implicado en “el creciente escándalo de abuso sexual en la Iglesia Católica”. Deseo compartir con ustedes mis reflexiones al respecto. El Papa Benedicto XVI con el Capellán Supremo Obispo William E. Lori de Bridgeport, Conn, en el Palacio Apostólico. Al parecer, fue calculado el momento oportuno de estos artículos. La historia del 25 de marzo del New York Times que sugiere que el entonces Cardenal Ratzinger permitió a un conocido criminal seguir en el ministerio durante al menos treinta años, se basa en documentos que le proporcionó Jeffrey Anderson, un abogado que ha recibido más de $100 millones de dólares entablando demandas contra instituciones católicas y que ahora demanda al mismo Vaticano. El señor Anderson recibió estos documentos descubiertos en diciembre de 2008. ¿Por qué esperó hasta ahora para entregarlos al Times? ¿Para ayudar a su demanda contra el Vaticano? ¿Para coordinar con los grupos demandantes que protestaban en el Vaticano el mismo día del informe del Times? ¿Fue para promover una legislación aceptable para los abogados demandantes como aquellos que nosotros combatimos aquí en Connecticut y en todos lados? ¿Fue para manchar la santidad de esta semana? No lo sabemos. Sólo sabemos que el señor Anderson controló el momento oportuno y que el Times lo ayudó. La verdad es que no existe ninguna agravación del problema de abuso sexual de niños en la Iglesia Católica, al menos, no en nuestro país. Un estudio exhaustivo de “Causas y Contenidos” realizado por John Jay College of Criminal Justice mostró que, a principios de las años 1990, este problema se había corregido en gran medida porque muchos obispos ya había establecido programas seguros y políticas de cero tolerancia. En 2002, los obispos de Estados Unidos tomaron medidas adicionales para establecer la ayuda a las víctimas y garantizar la seguridad de niños y jóvenes adoptando sus emblemáticas Carta y Normas. Para nuestra Iglesia, que sirve a casi 70 millones de católicos norteamericanos, había seis acusaciones de abuso sexual infantil por parte de sacerdotes que ocurrieron en 2009. Ninguna otra institución que trabaje con niños se acerca tanto a este nivel de seguridad. Ahora enfoquémonos en las historias del New York Times en relación al Reverendo Lawrence C. Murphy, el sacerdote fallecido en Milwaukee que fue acusado de acosar sexualmente a jóvenes durante los años 1960 y 1970 cuando dirigía una escuela de niños sordos e invidentes. Está claro que su atroz comportamiento fue absolutamente censurable y destructivo. Sin embargo, al mismo tiempo, la historia del Times informa erróneamente que el Cardenal Ratzinger era cómplice cuando “en lugar de disciplinarlo”, el Padre Lawrence Murphy fue “trasladado en silencio” a la Diócesis de Superior donde continuó “trabajando libremente con niños en las parroquias” durante veinticuatro años hasta que falleció en 1998. En 1974 la policía hizo indagaciones sobre las acusaciones relacionadas con el Padre Murphy y al parecer, no encontró suficientes evidencias para tomar medidas. A pesar de todo, en 1974 Murphy perdió su empleo como director de la escuela para niños sordos e invidentes. Los documentos que publica el Times muestran que su traslado no fue “en silencio”, sino que la policía había sido informada, que había protestas y folletos y que en 1974 existía “divulgación de información y humillación pública”. Finalmente, el Times afirma que Murphy “nunca fue disciplinado”. Definitivamente no fue así. El Times no dice a sus lectores que poco después de que en 1993 surgió una nueva acusación, el Arzobispo Weakland rápidamente suspendió las facultades de Murphy y le ordenó cesar todo ministerio público, todo contacto sin supervisión con niños y todo contacto con personas, lugares y situaciones que dieran lugar a tentaciones. O bien el Times esconde el hecho de que Murphy fue castigado mediante la suspensión de sus facultades porque no coincide con la historia que quería contar, o porque el señor Anderson ocultó al Times los documentos que detallan este proceso. De hecho, si el New York Times se hubiera preocupado por confirmarlo con el Padre Thomas Brundage, JCL, el Vicario Judicial de la Arquidiócesis de Milwaukee de 1995 a 2003, habría descubierto que en el momento de su muerte, el Padre Murphy aún era procesado en un Juicio Canónico (un juicio interno que lleva a cabo la Iglesia) en Milwaukee por los crímenes de abuso sexual y solicitación durante la confesión. De este modo, o bien el New York Times fue menos que honesto al afirmar que Murphy no fue castigado, o bien el señor Anderson, mediante la divulgación selectiva de información, manipuló al New York Times. Las afirmaciones vergonzosas e imprudentes del Times y de otros medios de que el Cardenal Ratzinger, ahora Papa Benedicto XVI, de algún modo interfirió con el juicio de la Iglesia, son categóricamente falsas. El Padre Brundage, quien presidía el juicio del Tribunal Canónico, dice inequívocamente “respecto al papel desempeñado por el entonces Cardenal Joseph Ratzinger (ahora Papa Benedicto XVI) en este asunto, no tengo razón alguna para creer que estuviera involucrado. Endilgarle esta responsabilidades un enorme salto de lógica e información”. Esto es lo que sé sobre el Papa Benedicto XVI y el abuso sexual. Como lo detalla John Allen de The National Catholic Reporter, cuando el Cardenal Ratzinger se convirtió en el “hombre fuerte” del Vaticano acerca del problema en 2001, revisó personalmente cientos de archivos. Después escribió a los obispos del mundo que en adelante la Congregación para la Doctrina de la Fe trataría todos los casos de abuso sexual que implicaran a sacerdotes. Bajo su liderazgo la Congregación proporcionó a los obispos directrices cruciales y apoyo para expulsar del ministerio a sacerdotes criminales. En muchos casos, la Congregación aprobó acciones administrativas directas para que los obispos pudieran procesar y expulsar a sacerdotes sin la demora de los juicios canónicos completos. En 2002 ayudé a escribir la Carta y las Normas para la Protección de Niños y Jóvenes. También fui uno de los obispos diocesanos de Estados Unidos que viajaron a Roma a obtener la aprobación de las Normas. Yo, personalmente, fui testigo del papel fundamental y positivo que desempeñó el Cardenal Ratzinger para ayudar a los obispos norteamericanos a responder a la crisis de abuso sexual. Gracias al Cardenal Ratzinger las Normas de Estados Unidos lograron la aprobación de la Santa Sede. Junto con la Carta para la Protección de Niños y Jóvenes, las Normas han ayudado a los obispos Estados Unidos a que se produzca un verdadero cambio de cultura en la Iglesia. Se han establecido programas de seguridad. Han recibido ayuda innumerables víctimas. Los sacerdotes que representaban un peligro para los jóvenes han sido expulsados. Las diócesis cooperan estrechamente con los oficiales del orden público (contrariamente a lo que dice otro artículo mal informado del New York Times). La Congregación también ayudó a los obispos de otros países a enfrentar la crisis de abuso sexual. Cuando se convirtió en Papa, Benedicto XVI hizo de la resolución del abuso un problema prioritario. En lugar de atacar a este papa, deberíamos estarle agradecidos por ayudar a la Iglesia a enfrentar la crisis de manera que se beneficie a las víctimas, a la Iglesia y a la sociedad. Respecto a la información del New York Times hay un problema adicional que merece ser mencionado. Afirma que el Padre Murphy “también obtuvo un salvoconducto de la policía y de los fiscales que ignoraban los informes de sus víctimas”. Este es todo el comentario que el Times hace sobre la falta de actuación de una entidad gubernamental que tenía el mayor poder para llevar a cabo una investigación e impedir que el supuesto perpetrador sexual se acercara a los niños. La Iglesia no tiene mandatos judiciales ni prisiones. La policía sí. Cuando el gobierno no enfrenta el riesgo de abuso sexual, el New York Times y también otros medios dan a menudo un salvoconducto al gobierno. Si en realidad nos preocupa proteger a los niños, entonces el cuarto estado necesita enfocar sus reflectores hacia las instituciones que tienen los mayores problemas. En enero de este año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reportó que uno de cada diez jóvenes encarcelados en las instalaciones de detención del gobierno fueron víctimas de abuso sexual por parte sus custodios durante 2008. Esto representa 2,370 víctimas. ¿Dónde estaba el informe del Times? Y el número de víctimas de abuso sexual en las escuelas públicas hace desaparecer el problema en las instalaciones de detención juvenil. El Times demandó a nuestra Diócesis para adquirir documentación privilegiada de los archivos de la corte y poder publicar historias liquidadas hace tiempo sobre casos de abuso sexual que tuvieron lugar entre los años 1960 y los años 1970. Sin embargo, ignora que desde 1992, solo en Connecticut, 112 maestros de escuelas públicas y entrenadores deportivos perdieron su licencia debido a su contacto sexual con estudiantes, y desde 2006, 19 padres adoptivos pagados por el estado de Connecticut han sido procesados por abusar sexualmente de los niños a su cargo. ¿Dónde está la indignación y las exigencias de que hay renuncias? Culpar al Papa y la Iglesia Católica de todos los casos de abuso sexual infantil puede beneficiar a los abogados y resultar útil para los fines de sus socios de la prensa, pero hoy no hace nada para proteger a los niños. Transferir miles de millones de las diócesis católicas, órdenes religiosas y otros ministerios de educación y de beneficencia en momentos de crisis económica solo crea nuevas víctimas. Es el momento de que los ataques contra la Iglesia den lugar a una información responsable y a políticas públicas justas.